[Opinión] Trabajadores a honorarios en Maipú: lo político y lo laboral

Hace ya casi un mes nos enteramos principalmente por la prensa local de la decisión tomada por la nueva administración municipal, de no renovar los contratos a más de 470 trabajadores. Decisión que fue defendida por la alcaldesa aludiendo que eran “trabajadores fantasmas”.

Difícil es tener una mirada objetiva de lo que sucede, considerando lo que me tocó vivir con mi desvinculación el 2012, porque a diferencia de lo ocurrido en este caso, no fui despedida cuando se me acababa el contrato ni por cambio de administración, sino producto de mi denuncia pública acerca de la corrupción dentro del Concejo Municipal, donde estaban involucrados Vittori, Jara, Bortnick, Torres y Richter, hoy todos ellos formalizados en el Caso de la Basura, el tiempo finalmente me dio la razón.

Las prácticas que la ciudadanía más castiga y que son condicionantes de la crisis política y de confianza que vive el país, son la corrupción, el tráfico de influencias y la falta de transparencia, prácticas instaladas por los partidos políticos tradicionales y que han gobernado este país durante los últimos 26 años (Nueva Mayoría-Chile Vamos) ellos en sus espacios “blindaron” a su gente y “pagaron favores” sin considerar el daño que provocaban, no sólo a las arcas fiscales, sino a las condiciones laborales de quienes aceptaban ser parte de sus “ejércitos”. Digo esto porque los costos que han significado sostener; en el caso de Maipú, más de 3 mil funcionarios a honorarios es enorme, corresponde según el último presupuesto aprobado a más de 24 mil millones de pesos anuales (20,6 %) y las condiciones laborales (derechos) en que éstos trabajadores se encuentran no son las óptimas.

Entonces, llevamos años siendo testigos de la contratación de estos “ejércitos”, en el que hay de todo, casos de prestaciones fantasmas (entregan boletas y cobran por servicios que no realizaron), casos de profesionales que uno ve tarde, mal y nunca, casos de duplicidad de cargos, y finalmente casos de trabajadores que realizan labores menores.

Según lo informado por Patricio Bustamante (Pdte. del Sindicato de Trabajadores a Honorarios), de los 470 trabajadores sólo 185 desean conservar sus puestos de trabajo (casi todos ellos con ingresos inferiores a $500.000), y han pedido ser representados por el Sindicato en ello. Hay también un grupo de trabajadores que tomaron la decisión de demandar y lo más probable que esos juicios les sean favorables, y recibirán unas indemnizaciones bastantes altas por el nivel de ingresos y por el tiempo que han prestado sus servicios. Además, según lo informado, se espera aumente el número de personas que serán desvinculadas, al menos 200 más durante los primeros meses del año en curso.

El escenario es complejo en este tema para la nueva administración que ha tratado de mostrar a los medios de comunicación que su postura es justa y que busca la austeridad, pero ha cometido varios errores; entre ellos, el despido a una trabajadora embarazada, el no haber realizado las evaluaciones de desempeño a los trabajadores que decidió despedir, el no haber desmantelado la estructura corrupta de Vittori al interior del municipio con estos despidos (aún se mantienen trabajando las ex-jefaturas) y finalmente el no haber considerado los enormes costos por esas demandas laborales que deberemos pagar todos los maipucinos y maipucinas.

Por otro lado, habría que preguntarse si el equipo de confianza política de la alcaldesa (UDI) que se instaló en el municipio está comprometido con esta anunciada austeridad, por lo que sería bueno saber cuáles serán sus honorarios, cuáles serán sus condiciones contractuales, si transparentarn los procesos de selección de personal, si abrirán a la ciudadanía los concursos públicos o si finalmente serán más de los mismo, personalmente me atrevo a decir que serán eso… más de lo mismo, y pasarán los próximos 4 años sosteniendo las mismas prácticas políticas.

Pero al final, qué pasa con esos trabajadores, los reales, los que quieren conservar su “peguita”, los que no tienen acceso a derechos laborales ni seguridad social, porque al final la precariedad laboral en que hoy estamos quienes prestamos servicios como trabajadores a honorarios en los servicios públicos es sostenida por la élite política que no tiene ningún interés de cambiar las cosas, no tiene ningún interés de devolverles el derecho al trabajo digno a la gente común, aquella que no sabe de esas prácticas políticas, la que no es parte de los acuerdos del duopolio, la que sigue esperando una oportunidad. Esa élite, responde a los intereses de los dueños de este país, al 1% de quienes se han enriquecido a costa del trabajo de muchos que esperan una oportunidad, y que la legislación (Ley Orgánica de Municipalidades) castiga impidiéndoles acceder a mayor estabilidad, derechos laborales y sindicales.

Hoy la dicotomía no está entre la Izquierda (representada para la ciudadanía por la Nueva Mayoría) y la derecha (Chile Vamos), hoy la disputa está entre quienes tienen el Poder (económico- político y responden a los intereses de la élite empresarial) y quienes somos abusados por ese poder, somos la mayoría, somos el 99% que sólo espera tener una “peguita” digna, independiente de por quién hayamos votamos en la última elección.