La Crítica Salud de la Salud Pública

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Opinión Ciudadana

Para nadie es sorpresa que la Salud Pública en Chile ha sido desfinanciada y privatizada por todos los Gobiernos Democráticos: Los Proyectos del Banco Mundial de Lagos; La Concesión de Hospitales de Bachelet; la Jibarización del ISL en favor de la ACHS y la Mutual de Seguridad desde Frei a la fecha; El proyecto Hospital Digital, Los Vouchers de atenciones médicas en Clínicas Privadas, las Residencias Sanitarias, las compras de Mascarillas, vacunas, etc. de Piñera, todos apuntan a “traspasar” los recursos de la Salud Pública a entidades privadas (Clínica Las Condes, Clínica Dávila, Clínica Alemana, Asociación Chilena de Seguridad, mutual de Seguridad, Cajas de Compensaciones, etc.), lo que me da bronca, es que ha sido con la anuencia de los/as Parlamentarios/as de los partidos que “defenderán los intereses del pueblo”, la DC, el PR, PPD, PS y el PC han aprobados en el Congreso Proyectos de Leyes que favorecen a los mismos ricos de siempre y empobrecen la Salud Pública, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones sindicales que han levantado las voces sin encontrar eco en el Congreso ni en la Moneda, perdiéndose sus gritos con el pasar de los días.

Los episodios de inundaciones en los Hospitales en días de lluvias, o los cortes de luz, la falta de insumos y medicamentos en la atención Primarias, Secundaria y Terciaria de nuestro sistema de Salud es el síntoma más patente de la destrucción de nuestra salud pública.

Hace pocos días presenciamos el terrible y triste incendio del Hospital San Borja Arriarán, Hospital de Alta Complejidad, lo que significa que se atienden tratamientos, cirugías, etc. que hospitales como el Hospital El Carmen no posee, y que eran derivadas a esa institución de Salud.

Este incendio, esta tragedia dejó en evidencia la falta de mantención de nuestros establecimientos de salud, debido al desvío de los recursos a la Salud Privada. También dejó en evidencia, una vez más del compromiso y el tesón de los/as Trabajadores/as de la Salud Pública, quienes salvan ileso a todos/as los/as pacientes, revalidando su compromiso desde siempre, y que ha sido fundamental en este periodo de Pandemia, que a pesar de las erradas y erráticas políticas públicas del Ministerio de Salud desde el comienzo, del riesgo diario y constante de contraer el virus (ya ha fallecido una centena), han estado al pie del cañón.

Siendo Dirigente del Ministerio de Salud solicité las renuncias de los ministros y Subsecretarios por sus constantes improvisaciones, negligencias y faltas de criterio en las políticas públicas de salud. Lo seguiré haciendo de ser necesario.

El Presupuesto en Salud para el año 2021, es menor en 1.500.000 millones de pesos en relación al de 2020.

LA GUINDA DE LA TORTA

La “Guinda de la Torta” de este desfondamiento de la Salud Pública la vivimos en noviembre de 2020, cuando fue aprobada la Ley Nº21.289, ley de Presupuesto del sector Público 2021, específicamente en la partida 16, Glosa 20, respecto al Presupuesto de FONASA, que dice textual “El porcentaje de la cotización contenida en el artículo 27 de la Ley Nº18.833, será de 3,1%”, aprobada sin disensos. 

¿Y qué dice esa Glosa?

Estos días hemos visto un video en YouTube llamado “Otra más de Piñera: Empeorar la Salud Pública”, el cual, si bien da algunos atisbos de la información, en el fondo es incorrecto, demuestra una falta de investigación periodística y desconocimiento de cómo funciona la salud pública.

En lo concreto, la cotización en salud en nuestro país, desde 1981 es del 7% de la remuneración imponible, la cual se transfiere completamente a una ISAPRE, si el/la trabajador/a ha contratado un seguro privado de salud (incluso a veces debe pagar un adicional), en cambio si el/la trabajador/a pertenece al Fondo Nacional de Salud (FONASA), este 7% se transfiere a dicha institución de Salud Pública.

Muchos hemos planteado que la gran reforma a la Salud debe determinar que el 7% debe ir íntegramente a FONASA, y quienes quisieran un Seguro de Salud Privado, deben contratarlo sin tocar la cotización obligatoria, la que debe administrar FONASA, y ser utilizada para mejorar la salud pública.

Ahora bien, si la empresa en que trabaja el cotizante, hasta antes de la aprobación de la Ley de Presupuesto 2021, estaba adscrita a una Caja de Compensación y Asignación Familiar (CCAF), de ese 7% se transfería 0,6% a esas Corporaciones Privadas sin fines de lucro, para que pagarán las Licencias Médicas de los/as Trabajadores/as pertenecientes a FONASA, y cobrar un porcentaje por ser instituciones pagadoras. Como ese porcentaje no lograba cubrir el pago de las Licencias Médicas, FONASA transfería mes a mes los montos que las CCAF precisaban para cubrir los pagos de esas prestaciones.

Para ello, existía un equipo en FONASA y en la DIPRES que fiscalizaban y auditaban dichas transferencias de recursos, que, si la llevamos a porcentajes, representan aproximadamente 3% de la cotización del 7%.

Basado en ese guarismo, el Gobierno ha tratado en diferentes oportunidades cambiar ese 0,6% a 3,5%, lo que fue rechazado en todas, o casi todas las veces, menos el 28 de noviembre de 2020, que fue aprobado por todos/as los Parlamentarios/as: los de Derecha y de la ex Concertación, de los cuales uno espera esa actitud. Pero también aprobaron los del Frente Amplio, del Partido Comunista, de los Partido Humanista, Partido Regionalista Verde Social, Partido Ecologista Verde y Partido Regionalista Independiente, transformándose en cómplices del desfondamiento de la salud pública chilena.

Personalmente conversé con varios/as diputados/as en diciembre 2020, quienes mostraban ignorancia, desidia, desconcierto, sorpresa, incluso un desconocimiento que habían votado a favor de dicho cambio.

También conversé con dirigentes de la salud, quienes, desconociendo dicha glosa, me dieron a conocer su preocupación y enojo por la situación que ya se había consumado, pues solo quedaba se ratificara con la publicación en el Diario Oficial, lo que sucedió el 16 de diciembre de 2020, e informado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) en la Circular Nº 3.561 de esa fecha.

En Chile actualmente existen 4 CCAF, que son Corporaciones Privadas sin Fines de Lucro: CCAF Los Andes cuyo dueño es la Cámara Chilena de la Construcción (CChC); CCAF Los Héroes de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (ASIMET); CCAF La Araucana de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS); y CCAF 18 de septiembre de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA). En los últimos años 3 CCAF fueron absorbidas: la CCAF Gabriela Mistral de la Cámara del Cuero y el Calzado, absorbida por CCAF Los Héroes; la CCAF Javiera Carrera de la Asociación de Industriales de Valparaíso y Aconcagua (ASIVA), absorbida por CCAF 18 de septiembre en y la CCAF Valles de Chile de la Sociedad Nacional de Agricultura, Absorbida por CCAF Los Andes.

De los 3,6 millones de cotizantes de las CCAF: 2,4 millones cotizan en la CCAF Los Andes; 0,6 a la CCAF La Araucana; 0,3 millones en las CCAF Los Héroes y 18 de septiembre cada una.

Con esta reforma, las CCAF comenzaron a recibir mensualmente más de 100 mil millones de pesos, para administrar y pagar las Licencias Médicas, y obviamente cobrar por dicha administración, provocando con ello un vaciado de recursos desde la salud pública hacia Corporaciones Privadas, las cuales antes de esta Ley estaban con problemas financieros, y que a contar de ésta, tendrán un flujo de caja que cualquier empresa quisiera tener, eso sin considerar lo que ha significado para los dueños de éstas CCAF en el precio de sus acciones, transadas en la bolsa de Comercio, algunas de las ellas registraron aumentos por más del 20%.

En conversaciones con una ex directora de FONASA, ante la pregunta si hubiese aprobado esta Ley, me expresó que “No, porque no comparto que las CCAF manejen recursos públicos, debiéndose potenciar el ISL, porque cuando se abre la puerta a la administración de los recursos públicos por privados directamente, esa puerta nunca más se cierra, lo cual podría no ser tan importante, si el foco estuviere puesto en el bienestar de las personas, y no en la eficiencia económica, porque cuando hay “perdidas” la pagan los usuarios, y si hay “ganancias” van directamente a sus administradores”.

Ahora, ¿qué queda?

Parece que nada…

Lo que sí puedo decir, es que las Organizaciones Sindicales del Sector de la Salud Pública no descansaremos, pues denunciaremos para que este nuevo estoque a la Salud Pública, donde ningún/a Parlamentario/a sale indemne, no se vuelva a repetir, y ojalá la podamos revertir en un futuro Gobierno que realmente tenga como objetivo fortalecer la salud para todos/as los chilenos/as… la Lucha Continua.

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