El lunes 23 de abril, en el casino de la Dirección de Aseo, Ornato y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Maipú, se realizó una reunión entre la empresa Sonacol, y la comunidad organizada contra el proyecto que está en evaluación ambiental, para construir un nuevo oleoducto, con sus instalaciones asociadas, para abastecer de combustible de aviación al aeropuerto.
En su mayoría, integrantes de la Coordinadora No al Oleoducto de Sonacol en Maipú, integrantes del Consejo de la Sociedad Civil, el concejal ecologista Gonzalo Ponce, el diputado Pablo Vidal (RD) y el Seremi de Energía de la Región Metropolitana, Sebastián Herrera.
En la reunión pasada, la comunidad le había propuesto a la empresa el siguiente trazado alternativo al del proyecto, y se esperaba para la presente la respuesta.
Esta fue que no, porque el producto a transportar se encuentra en Maipú, “hay que salir de Maipú, en algún lado. En alguna parte tenemos que cruzar hacia Pudahuel. No hay un lugar donde no esté poblado, para poder salir”, en palabras de Roberto Jadue, Jefe del Proyecto.
La empresa, dijo, no tenía por dónde justificar la inversión, desde los 85 hasta los 270 millones de dólares, para transportar el producto desde Curacaví hasta el aeropuerto, como propuso la comunidad organizada.
No obstante, anunció una serie de medidas de las que podrían hacerse cargo, “para aumentar la seguridad, que ya está considerada”: aumentar la profundidad del oleoducto y la cantidad de válvulas telecomandadas en el área urbana, instalar losetas de hormigón sobre el oleoducto para aumentar la protección en las zonas residenciales (“nosotros ya tenemos considerado un sobreespesor en la tubería, que cubre la necesidad”) y efectuar una inspección con equipos robóticos inteligentes cada tres años (en vez de los cinco que establece la normativa).
Adicionalmente, realizar actividades informativas en la comunidad.
“Ustedes son los responsables de cualquier catástrofe”, apuntó Norma Holsteins, consejera de la sociedad civil.
“Todo lo que ellos acaban de presentar es nada, nosotros pensábamos que iban a llegar con algo realmente interesante para conversar”, comentó Nancy Candia, también consejera.
“Si no hay un cambio de trazado del oleoducto van a tener una guerra re grande (…), porque no está esa visión de ayudar a la comunidad, sino que está la visión de qué es lo que nos sale más barato”, acusó Jorge Rojas, de la Coordinadora.
“Nosotros, si tenemos que enterrarnos con el oleoducto para que no se haga, lo vamos a hacer”, remató la consejera de la sociedad civil Lucía Varas.
“La comunidad no quiere acá este proyecto, y vamos a seguir apoyándola”, anunció el concejal ecologista.
“Ustedes como empresa tienen la oportunidad de hacer historia con este proyecto, no se la farreen”, señaló el diputado de Revolución Democrática, quien indicó que la oposición al proyecto es transversal en la comuna.
“La pelea la vamos a dar, tanto en lo jurídico como en lo social”, anunció la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Cosoc, Viviana Delgado, lo que fue refrendado por el abogado de la Municipalidad, Gabriel García.
“Creo que es necesario el hecho de que está habiendo un diálogo sincero”, ponderó el Seremi, quien instó a profundizarlo.
Por el momento, la tramitación del proyecto se encuentra suspendida hasta el 29 de junio de este año.
La empresa anunció que antes de esa fecha presentará las respuestas a las observaciones formuladas al proyecto en la etapa de Participación Ciudadana.
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