Tiempo de lectura: 2 minutosLa Fiscalía Regional Metropolitana Occidente logró el rechazo del recurso de nulidad interpuesto por uno de los dos falsos médicos que, en diciembre pasado, fueron condenados a cumplir una pena total de ocho años de presidio efectivo como autores de los delitos de ejercicio ilegal reiterado de la profesión médica y obtención fraudulenta reiterada de remuneraciones del fisco.
La decisión la dictó, en votación unánime, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, cuyos integrantes descartaron los argumentos de la defensa del sentenciado Héctor Letelier Pantoja.
La sentencia ratificada impuso sendas penas de 5 años y un día por ejercicio ilegal reiterado de la profesión médica más otros 3 años y un día por obtención fraudulenta reiterada de remuneraciones del fisco a Letelier Pantoja y a Tania González Correa. Ambos trabajaron como docentes en el área de salud de la sede Maipú de la Universidad del Mar, y como cirujanos en centros asistenciales públicos y particulares de la Región Metropolitana.
También se les sancionó con multas de 11 y 6 UTM y una indemnización en favor del Fisco por haber recibido remuneraciones como médicos sin tener el título universitario. En el caso de la condenada González Correa, el monto a pagar es de $7.109.825.-; y en el de Letelier Pantoja., $2.976.018.-
De acuerdo con los antecedentes acreditados por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente durante el juicio oral, sin tener el título profesional pertinente, Letelier Pantoja impartió docencia en la Universidad del Mar y prestó servicios como médico cirujano en los hospitales de Curacaví y de Carabineros, y en una empresa de asistencia de emergencias. En este último servicio privado atendió a domicilio a 7.286 pacientes.
En el caso de González Correa, se desempeñó como jefa de la carrera de Enfermería y luego como cabeza del área de Salud de la misma universidad privada, sin contar con los títulos profesionales de enfermera ni de médico cirujano. También ejerció labores propias de la medicina en los Hospitales de Curacaví, de Carabineros, en la Fundación Las Rosas y en consultorios.
En el juicio actuaron como querellantes particulares el Consejo de Defensa del Estado y ex alumnos de la Universidad del Mar.
[La información es de la Fiscalía de Chile; Imagen: Cristóbal Carrasco (CC), 2012].
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