Tiempo de lectura: 2 minutosCon el testimonio de 24 testigos y la presentación de 97 pruebas documentales, la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente acreditará los delitos por los cuales acusa a las dos personas que ejercieron como médicos en una universidad privada y en diferentes servicios de urgencia y asistenciales de la Región Metropolitana, sin contar con título profesional.
El juicio oral en contra de T.A.G.C. y H.R.L.P. comenzó el lunes 15 de diciembre de 2015 ante el Quinto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.
En este caso, la Fiscalía busca sanción para los delitos de ejercicio ilegal de la profesión, genérico y especial; obtención fraudulenta de remuneración del Fisco; uso de instrumento público falso, y otorgamiento de licencias médicas falsas.
La acusación es sostenida por el fiscal jefe de Maipú, Tufit Bufadel, el Consejo de Defensa del Estado y querellantes particulares que representan a alumnos afectados de la Universidad del Mar.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, entre otros hechos, la acusada T.AG.C. se desempeñó como jefa de la carrera de Enfermería y luego como jefa del área de Salud de la sede Maipú de la Universidad de Mar, sin contar con los títulos profesionales de enfermera ni de médico cirujano. También ejerció labores propias de la medicina en los Hospitales de Curacaví, de Carabineros y en la Fundación Las Rosas.
En el caso de H.R.L.P., sin tener el título profesional pertinente, impartió docencia en la misma casa de estudios superiores privada y prestó servicios como médico cirujano en los hospitales de Curacaví y de Carabineros, y en una empresa de asistencia de emergencias. En esta última atendió a domicilio a 7.286 pacientes.
En el segundo día de audiencia, realizado este martes 16 de diciembre, entregaron su testimonio alumnos y ex autoridades académicas de la universidad privada.
Al término de la audiencia, tras ser consultado por la prensa presente en el Centro de Justicia de Santiago, el fiscal Bufadel declaró: “La salud de personas y la salud pública se vieron gravemente afectadas. El tratamiento médico es un tratamiento de relevancia, como lo dijo un testigo hoy. Es inaceptable que una persona que no tenga los conocimientos médicos realice prestaciones de salud, porque está poniendo en riesgo el bien más preciado que es la vida y la integridad física de las personas”.
La Fiscalía solicita una sanción penal superior a los cinco años y un día para los acusados. Ambos están en prisión preventiva.
Según la programación del tribunal, el juicio se desarrollará durante un lapso de nueve días.
[La información es de la Fiscalía de Chile; Imagen: Cristóbal Carrasco (CC), 2012].
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