El Senado chileno acaba de remecer las altas esferas del Poder Judicial con una histórica decisión: la destitución de dos de los jueces más influyentes del país, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz Gajardo, ambos de la Corte Suprema. En una sesión que se extendió por horas y culminó este miércoles, los parlamentarios no solo dieron luz verde a la inhabilitación de ambos magistrados, sino que también enviaron un fuerte mensaje sobre la importancia de la integridad en el ejercicio de la justicia.
La acusación contra Muñoz se debió a que incurrió en “notable abandono de deberes” al entregar información privilegiada a su hija, Graciel Muñoz, también se le acusó de no denunciar a su hija durante la pandemia por dirigir audiencias telemáticas desde Italia -fuera del territorio jurisdiccional-, todo esto enmarcado en un clima de tensión política y judicial en Chile, agravada por el escándalo conocido como el “Caso Audios”.
En tanto, Vivanco fue acusada de “notable abandono de deberes” por haber mantenido contactos indebidos con el abogado Luis Hermosilla y también apuntó a injerencias indebidas en procesos de nombramiento de cargos judiciales y públicos.
Ambos magistrados fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante cinco años, lo que implica que no podrán ocupar ninguna posición en el ámbito público o judicial durante ese tiempo.
Ángela Vivanco, envuelta en el escándalo del Caso Audios, que puso al descubierto los contactos indebidos con el abogado Luis Hermosilla, fue destituida e inhabilitada por cinco años para ejercer cargos públicos. Con 47 votos a favor y solo una abstención, los senadores sentenciaron a la jueza, cuyos vínculos con Hermosilla, calificados por muchos como tráfico de influencias, dañaron gravemente la confianza pública en la Corte Suprema.
Durante el debate, las palabras de algunos parlamentarios fueron duras. “No solo hablamos de la credibilidad de una persona, sino del Poder Judicial en su conjunto. Esto debe dejar una señal para todos los ciudadanos”, afirmó la senadora Carmen Gloria Aravena, apuntando al daño irreparable que las acciones de Vivanco le han hecho al prestigio de la justicia chilena.
El senador Karim Bianchi fue aún más implacable: “Seré implacable contra la corrupción. Va a tener que pensarse en la cárcel en el caso de Vivanco”, advirtió, mientras otros senadores coincidían en la necesidad de sancionar severamente cualquier conducta que ponga en entredicho la probidad judicial.
Junto a Vivanco, el juez Sergio Muñoz, conocido por sus fallos progresistas en materia ambiental y derechos sociales, también fue removido de la Corte Suprema. Acusado de entregar información privilegiada a su hija y de incumplir el Código Orgánico de Tribunales, Muñoz cayó en desgracia ante el Senado, que lo inhabilitó por cinco años.
La destitución de Muñoz ha generado un debate más amplio sobre la independencia judicial, especialmente entre aquellos que ven su salida como un golpe al activismo progresista que ha liderado desde la sala constitucional. Su abogado, Jorge Correa Sutil, junto con el excontralor Ramiro Mendoza, argumentaron que la única prueba clave en su contra provenía de una declaración jurada “de oídas”, subrayando que la acusación carecía de consistencia.
El desenlace de estos casos ha dejado un panorama desolador para el Poder Judicial chileno. Las destituciones de Vivanco y Muñoz exponen fisuras profundas en la credibilidad de la justicia. Mientras Muñoz alertaba de que su salida podría afectar la independencia de los jueces a futuro, el caso de Vivanco evidenció un sistema vulnerable a las injerencias políticas y los favores personales.
Con la destitución de ambos jueces, el Senado parece haber puesto un punto final a dos polémicas, pero el debate sobre la ética en el ejercicio judicial y la transparencia en las más altas esferas del Estado apenas comienza. ¿Es esto un ajuste de cuentas o un golpe necesario para restaurar la confianza en la justicia chilena?
Fuente: Senado de la República de Chile.
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