La aprobación de 250 mill. para transacciones por desvinculaciones en Maipú

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Comentamos la aprobación del concejo de Maipú de unos 250 millones para transacciones en juicios por desvinculaciones que ya se habían rechazado, gracias a algunos cambios de votación.

El martes 18 de julio, la administración local sometió por tercera vez al concejo municipal de Maipú la aprobación de un millonario monto para transacciones en causas laborales por desvinculaciones que inició en diciembre pasado.

Gracias a algunos cambios de votación, esta fue la vencida.

La transacción es un acuerdo entre las partes de un litigio para solucionarlo. En este caso la municipalidad pagará unos 250 millones, correspondientes a 47 casos.

Reglamento

Las y los concejales Pedro Delgadillo (Ind.), Ariel Ramos (PC) y Marcela Silva (PS) aseguraron que no se les habían presentado antecedentes nuevos.

El punto es muy delicado, dado que el reglamento del concejo establece requisitos para revisar nuevamente una proposición, entre ellos que haya nuevos antecedentes. También, que se haya aprobado la insistencia, lo que no se hizo.

El director jurídico de la municipalidad rebatió que sí habían nuevos antecedentes, y “dictámenes de la Contraloría General de la República que nos obligan, en casos como estos, donde puede haber un eventual perjuicio patrimonial, a someter nuevamente a votación este asunto”.

Daño patrimonial

Como siempre, se llamó a aprobar en atención al “eventual daño patrimonial que se le podría causar a la municipalidad, por el riesgo de perder estos juicios”.

Ahora, según el mismo director, dicho riesgo se corría “porque consideramos que no tenemos las herramientas necesarias y suficientes para tener éxito en juicio, porque en la municipalidad no existen antecedentes adecuados que resguarden los intereses municipales:

“Lamentablemente no había copia adecuada de los contratos, hay decretos que instruían la destrucción de documentación que tuviera una data mayor a tres años, y ha sido muy difícil recabar informes, contratos, funciones que desempeñaban los funcionarios en la realidad más allá de lo que tenía el contrato, buscar testigos suficientes que dieran cuenta de las prestaciones que realizaban, objetos, los informes muchas veces eran repetitivos”.

Sorpresa

Es decir que el riesgo se corría por no haber antecedentes suficientes para respaldar jurídicamente la decisión de desvincular.

Pues eso es precisamente lo que han venido planteando las y los concejales opositores a la medida desde el primer día: ¿en base a cuáles antecedentes se desvinculó?

Técnicos

En realidad no es sorprendente que coincidan, porque la dirección jurídica es técnica y las y los concejales autoridades. Si ejercen labores distintas, pueden considerar distintamente una misma cosa.

Como autoridades, al igual que la alcaldesa, las y los concejales deben tomar decisiones políticas, esto es, orientadas al bien común.

Por otra parte, el equipo técnico de la municipalidad debe implementar de la mejor manera posible las decisiones políticas tomadas por la autoridad.

En este caso, el equipo técnico calculó que la transacción resultaba la medida menos onerosa.

Daño patrimonial

Pero las y los concejales deben decidir políticamente la transacción, esto es, atendiendo al bien común.

Y el bien común no equivale al interés económico, sino que es un concepto mucho más amplio que envuelve muchas consideraciones (en este caso, por ejemplo, que transigir implicaba no reconocer los derechos laborales de las y los ex trabajadores).

Si solo debiera evaluarse una medida en atención a su conveniencia económica, la presencia de las y los concejales en el concejo no tendría ningún sentido. En este caso bastaría con la de la alcaldesa y su equipo técnico.

Votación

Como habían venido haciendo, rechazaron Delgadillo, Ramos y Silva, “por no avalar los despidos injustificados”, y porque no había antecedentes (por ejemplo, el listado de las desvinculaciones a la fecha) para asegurar que se actuó con responsabilidad.

También mantuvieron su posición, en sentido contrario, las y los concejales de derecha Alejandro Almendares (RN), Horacio Saavedra (UDI) y Karen Garrido (RN), y el concejal de la decé Herman Silva.

Ni Almendares ni Silva dijeron por qué. Tanto Saavedra como Garrido aludieron solo a un aspecto de la cuestión: la necesidad de las y los trabajadores desvinculados del dinero que se les estaba ofreciendo por la vía de la transacción.

Los que cambiaron su votación fueron los concejales Abraham Donoso (DC), Gonzalo Ponce (Ecologista) y Erto Pantoja (Ind.).

Este último basó su abstención en que “tendría que tener más conocimiento y todo, no tengo en este momento la lucidez de los casos, la negociación que se hizo”.

No obstante el frenteamplista —y esto es muy destacable— ponderó un amplio abanico de consideraciones, se centró al igual que Donoso en la conveniencia económica de la medida para el municipio.

Quizás por ello (“les tengo bastante fe profesional a los equipos de abogados”, dijo) el concejal de la DC se vio en la necesidad de aclarar que no estaba alineado con la actual gestión. Porque argumentó más como técnico que como político.

[Fotografías de Romina Valdés].