Tras más de cuatro décadas de espera y movilización, el Gobierno chileno presentó finalmente, el 23 de octubre de 2024, una propuesta para saldar la llamada “deuda histórica” de los docentes, una compensación económica largamente anhelada desde la dictadura militar. Esta deuda tiene su origen en el Decreto Ley 3551 de 1981, el cual garantizaba un reajuste salarial a funcionarios públicos, del que quedaron excluidos injustamente los profesores.
La deuda acumulada, que impactó a generaciones de docentes en Chile, no fue abordada ni durante la dictadura ni bajo los gobiernos democráticos que siguieron, desde Aylwin a Bachelet, pasando por los gobiernos de derecha del presidente Piñera. Pese a reiteradas promesas de compensación y justicia, cerca de 20 mil profesores han fallecido sin recibir este beneficio, y se estima que alrededor de 57 mil docentes han sobrevivido en esta extensa espera.
Durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, la deuda histórica de los docentes fue una promesa de campaña que parecía acercarse a una resolución. Sin embargo, tras dos intentos fallidos en 2022 y 2023 de enviar un proyecto de ley al Congreso, las expectativas de los docentes volvieron a estancarse. Esto llevó a que cientos de profesores retomaran las calles en demandas de justicia y reconocimiento, exigiendo que el gobierno cumpliera sus compromisos.
Finalmente, en 2024, el Ministerio de Educación presentó una propuesta que ha sido aceptada por cerca del 80% de los más de 20 mil docentes consultados el 28 y 29 de octubre. Esta iniciativa contempla un pago de 4,5 millones de pesos chilenos para cada profesor afectado, distribuidos en cuotas según la edad de los beneficiarios. El pago se dividirá en plazos que comenzarán en 2025 y se extenderán hasta 2031.
Pese a que muchos consideran insuficiente esta compensación, la aceptación mayoritaria por parte de los docentes refleja la voluntad de avanzar, al menos parcialmente, en una reparación simbólica y económica que represente el cierre de una deuda histórica con el magisterio chileno. La propuesta beneficiará a 57.560 docentes y tendrá un costo de $259 mil millones para el Estado, distribuidos en seis años.
El gobierno se ha comprometido a presentar un proyecto de ley al Congreso en noviembre de 2024, formalizando este acuerdo para que se convierta en ley. La comunidad docente, aunque satisfechos en parte por esta propuesta, sigue manifestando la importancia de asegurar una implementación efectiva y justa, recordando el rol esencial que juegan los docentes en la sociedad chilena y exigiendo que se respete la promesa de reparar una deuda pendiente de casi medio siglo.
Este anuncio representa, para muchos, el cierre de una herida que por años simbolizó la falta de reconocimiento a la labor docente en Chile y un compromiso del Estado para saldar una deuda con quienes educaron a generaciones enteras del país.
Portada: archivo La Batalla.
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