La semana pasada el gobierno, a través de Patricia Pérez, la ministra de justicia, hizo noticia al comunicar la inminencia de un proyecto de ley cuya finalidad era facilitar el derecho a voto a los reos cuyas condenas sean inferiores a los tres años de prisión, o que estén privados de libertad como medida cautelar.
Este proyecto causó el inmediato paroxismo de amplios sectores de la sociedad chilena (no solo la derecha). La candidata presidencial Evelyn Matthei respondió a la ministra Pérez diciendo que prefería llevar las urnas a los hospitales antes que a las cárceles, después de todo, es allí donde se reponen las victimas de la delincuencia. El gobierno inmediatamente echó pie atrás la iniciativa.
Lo impopular que puede llegar a ser cualquier política destinada a favorecer a un delincuente es evidente, incluso si esta medida es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Según la carta magna, salvo excepciones como el terrorismo, todos los chilenos que no tengan penas aflictivas tienen derecho a sufragar. Importante es recordar que las penas aflictivas parten de los tres años y un día de condena. Por lo tanto, la idea esbozada por la ministra Pérez no es un capricho personal, es un derecho legal que existe.
Quizás la conclusión más relevante de la coyuntura expuesta, radica en la visión social deshumanizada del delincuente. El delincuente es el paria por excelencia. Un sujeto que nace despreciable, una suerte de lacra social que hay que reprimir a como dé lugar. Prácticamente todos los prejuicios caen sobre el delincuente, incluso más despreciado que el homosexual. A este último al menos se le puede considerar un enfermo, que mientras lleve su desviación al interior de su alcoba, no constituye un mal a la sociedad. El delincuente no tiene pasado, no tiene criterio, no tiene discernimiento. Es una figura que nace intrínsecamente pervertida. Es el peligro público.
No existen quienes ganen votos explicando lo que es evidente, el delincuente es, en buena medida, una construcción cultural, fruto del fracaso de una sociedad segregadora y extremadamente desigual. No es casualidad que los llamados anti sociales se formen cuando coexisten las condiciones que hacen campear el circulo vicioso de la pobreza (pobreza no solo medida en bienes). Esto lo entendió Holanda, nación que a mediados de la década pasada comenzó a cerrar cárceles, el país de los tulipanes simplemente no formaba delincuentes.
Probablemente, jamás se erradique el delito, la situación de aprovechamiento, algunos dirán, está presente en la naturaleza humana, sin embargo es innegable que existen circunstancias desfavorables, responsables de degradar al ser humano y sacar lo peor de cada uno.
Bajo ciertas condiciones de vida, por ejemplo viviendo en familias disfuncionales, en gethos de marginalidad, donde el único modelo a seguir y panorama es el de la pandilla de la esquina, lo más probable es que cualquiera de nosotros sea delincuente. Esta es una verdad tan evidente como reconocer que un hijo de diplomático de Las Condes, lo más probable es que sea un profesional exitoso.
Aun así, el profesional exitoso bajo condiciones apropiadas, también puede delinquir. El ejemplo lo encontramos en el caso La Polar, cuyos gerentes, estimulados por suculentos bonos de eficiencia, y la connivencia de las autoridades, estafaron a sus clientes con fin de mostrar utilidades ficticias. El estimulo para ellos era delinquir, de alguna forma podemos decir que la oportunidad hace al ladrón
Lo que la ministra Matthei no entiende es que los destinos de las personas no se explican por la sola decisión personal de los individuos, sino por el contexto socioeconómico que los rodea. Es decir el delincuente no elige cien por ciento dedicarse al hampa; así como la propia ex ministra tampoco eligió cien por ciento ser candidata.
* Profesor de Historia y Geografía. Maipucino.
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Una precisión y no un juicio de valor: la ministra de Justicia no se llama "Cecilia Pérez" sino "Patricia Pérez"