En una iniciativa inédita, el gobierno argentino, bajo la administración de Javier Milei, ha lanzado el programa “Manos a la Obra”, cuyo objetivo es que las personas privadas de libertad trabajen en el mantenimiento de las cárceles donde están recluidas. La medida, presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca eliminar el ocio en los penales y hacer que los reclusos se responsabilicen por su entorno.
Durante la presentación en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, Bullrich fue clara: “Se acabó la vagancia”. El programa estipula que todos los presos deberán colaborar en tareas concretas de mantenimiento de las instalaciones penitenciarias, como parte de su responsabilidad hacia la sociedad. “Las cárceles deben ser sanas y limpias, pero eso no significa que deban ser cómodas para quienes han delinquido”, sostuvo la ministra.
Esta iniciativa ha sido vista como un paso en la transformación del sistema penitenciario argentino, con un enfoque en la rehabilitación y la reinserción a través del trabajo. Sin embargo, el plan no está exento de polémica, ya que algunas voces han cuestionado si los presos deberían recibir remuneración por sus labores. Bullrich fue contundente al respecto: “No vamos a pagar a quienes no trabajan. Si un juez nos dice lo contrario, llegaremos hasta la Corte Suprema, porque es una injusticia para la sociedad”.
El programa ya comenzó con una prueba piloto en el Complejo 4 de mujeres de Ezeiza, donde las internas están a cargo de pintar y mantener los edificios. Además, se implementarán sistemas biométricos para controlar el cumplimiento de las jornadas de trabajo, lo que permitirá organizar de manera más eficiente las tareas en todo el país.
Según Bullrich, el programa no es solo una cuestión de mantenimiento físico de las cárceles, sino también de justicia social: “No es justo que quienes están privados de su libertad, financiados por los impuestos de los ciudadanos, no contribuyan de alguna forma a su entorno. La sociedad merece que se le devuelva lo que se le ha quitado”.
En los próximos meses, el gobierno también planea introducir reformas en la ley de ejecución de penas, para reglamentar que el trabajo en las cárceles no será remunerado si no se realiza. “Es un cambio de fondo en el sistema penitenciario, que ya no tolerará la impunidad”, concluyó Bullrich.
La propuesta ha generado un intenso debate en el país, y aunque algunos sectores aplauden la medida como un camino hacia la reinserción laboral de los presos, otros la ven como una posible explotación de la mano de obra carcelaria. Lo que está claro es que la política penitenciaria argentina está en pleno proceso de transformación.
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