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[dropcap color=”#447226 ” type=”square”]No resulta fácil tratar de seguir los pasos que seguirá la anunciada “desmunicipalización” o bien des-alcaldización de la educación que se comenzó a entregar a la administración municipal durante el período dictatorial por la década de los ochenta.
Esta idea de reversar en alguna medida la ex educación pública (entendida como bien social de responsabilidad del estado), mediante una figura todavía algo vaga, ha tomado fuerza en una promesa de campaña plasmada en el programa de gobierno del actual gobierno que encabeza la presidenta Michelle Bachelet, respaldada por los partidos que conviven bajo el paraguas de la “Nueva Mayoría”.
Esta idea de la “desmunicipalización” de la educación forma parte entonces de un capítulo más amplio que incluye el término al lucro y la gratuidad en los estudios para los distintos niveles del sistema educacional chileno, además de la proyección de un sistema que garantice la calidad de la educación (por cierto no se ha definido la calidad, que en el caso de la educación podría asociarse a más de una definición exacta, que se corresponda con los fines y objetivos educativos, los recursos, los niveles económico sociales, la población escolar atendida, entre otras variables).
Desmunicipalizar la educación, es un asunto tan fácil y tan complejo a la vez, que su anuncio podría demorar unos cuantos minutos, en tanto su implementación podría tardar unos cuantos años, de esto saben muy bien los profesores a los que en algún momento y en pocos minutos se les anunció una carrera docente, decretos como el legendario 3551 (un buen número de maestros ya no está en este mundo para recibir el pago a que tuvieron derecho, y ni siquiera el anterior gobierno de Bachelet tuvo la fuerza para sensibilizar a su ministro de hacienda Velasco para pagar esta deuda), también saben los profesores de la promesa de la titularidad en sus cargos , todos estos planes y proyectos o promesas se dijeron en pocos minutos y han sobrevivido largos años o mejor dicho en algunos casos décadas, siendo patético que algunas de estas ofertas vengan del siglo pasado.
Quizás esto sea algo muy de nuestra cultura, de lo que somos como sociedad, todo cuanto nos permite ilusionarnos y desilusionarnos con la misma resignación, ahí están como testigos de ello el Transantiago, la ineficacia para enfrentar el 27 F primero y la lenta reconstrucción después de ocurrida la catástrofe, para qué decir de tantas promesas, como la del término de la delincuencia, o la del fin a la espera para la atención de salud en los servicios públicos, de la entrega de viviendas dignas, de un sistema de pensiones justas, en fin no se trata de prologar una visión pesimista, por el contrario es partir como decía un maestro visionario desde el moderado optimismo para ir “in crescendo” con la alegría de las buenas nuevas que vayan llegando.
Desmunicipalización: Están listos los músicos, faltan la melodía, la partitura y la letra de la canción
Los pasos de la reforma educacional y de la desmunicipalización o des-alcaldización de la educación que es el tema que nos ocupa, depende de la aprobación de una reforma previa; léase “La Reforma Tributaria”, que está por estos días en una discusión técnica, en la voz de parlamentarios, tecnócratas, economistas, empresarios, gobernantes, opositores.
Es por reducirlo a su mínimo significado, la recaudación de más y mayores recursos que permitan cumplir la promesa de un programa gubernamental, porque indudablemente cualquier proyecto, plan o programa requieren de los recursos necesarios para su implementación, todo lo demás es especulación.
Siempre en la idea de simplificar este anuncio de desmunicipalización de la educación, los trascendidos indican que sería una figura que contemplaría la administración de establecimientos educacionales según ciertos criterios de agrupación territorial (por ejemplo distritos) donde el estado jugaría un rol más activo por medio de modelos de administración similares a los que representan ahora las direcciones provinciales de educación.
Los profesores a su vez serían incorporados a estos nuevos referentes por medio de una continuidad en la que se respetaría su “status” al momento de producirse el cambio de la actual figura (es decir, años de servicios, calidad de nombramiento, renta) lo que vendría a representar una suerte de traspaso de un sistema a otro, en las mismas condiciones, lo que naturalmente no implicaría el desembolso de recursos para pago de indemnizaciones, compensaciones, desahucios u otros similares.
Lo demás son ovillos sin desenrollar, porque por ejemplo, se debe pensar en la gran cantidad de personas que forman parte de los DEM, DAEM (Departamentos y Direcciones de Educación Municipal) y Corporaciones, ellos deben ser ubicados, no podría ser en el Ministerio de Educación (seguramente se necesitaría varios edificios similares para albergar a todo el personal existente), seguramente las rentas son dispares especialmente entre ejecutivos DEM y DAEM y Corporaciones, incluso entre municipios dependiendo de sus ingresos.
Hay patrimonio comprometido, entregas de edificios en comodato, nuevas construcciones de cargo municipal, contratos con terceros, inversiones y compromisos financieros a plazo, deudas previsionales, subvenciones municipales, cuentas e instrumentos en garantía y depósitos a plazo en instituciones financieras, redefinición de roles de organismos como las agencias de calidad y la superintendencia de educación, formas de financiamiento, la subvención escolar, el financiamiento compartido.
En fin, la única obviedad que queda por decir, es que esta reforma tributaria no será suficiente para un cambio del sistema educativo de la magnitud que se espera, ni se agotará la implementación del nuevo modelo educacional en este gobierno, quedando una buena parte de la herencia para el siguiente, con nuevas reformas tributarias incluidas en la mochila.
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