Desalojan colegio particular subvencionado en Maipú

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El colegio particular subvencionado El Trigal, de Maipú, funciona en una matriz, ubicada en Avenida Central Gonzalo Pérez Llona N° 150, y un anexo, al frente, en el número 167.

La tarde del jueves 24 de julio de 2014 se efectuó, con auxilio de Carabineros de Chile, la diligencia de lanzamiento respecto del anexo, destinado al sexto, séptimo y octavo año, en la causa judicial ROL C-10512-2013, “Panozo con Sociedad Educacional y Artística El Trigal”, del 8° Juzgado Civil de Santiago.

De acuerdo a los documentos adjuntos en la página del poder judicial, el propietario del inmueble, el médico Mario Panozo, demandó la terminación del contrato de arrendamiento que tenía con la Sociedad Educacional y Artística El Trigal, sostenedora del colegio, por no pago de rentas, en julio del año 2013.

En septiembre del mismo año, las partes suscribieron un avenimiento, en cuya virtud la sociedad se comprometía a entregar el inmueble el 31 de diciembre, “siempre y cuando las partes no acuerden persistir en el contrato y que dicho acuerdo conste por escrito”.

Ante la solicitud de Panozo, el tribunal ordenó el lanzamiento mediante resolución de enero del 2014. Solicitud y resolución fueron notificadas en marzo por cédula (entrega de copia íntegra en el domicilio), cuyas copias fueron fijadas en la puerta por no acudir nadie a los llamados del receptor judicial.

Los apoderados estuvieron reunidos en horas de la tarde-noche del jueves 24 de julio a las afueras del establecimiento, a la espera de la reunión que sostuvieron abogados de ambas partes. Reunión que concluyó sin acuerdo, por lo que los apoderados convocaron a una asamblea para el sábado 26 de julio a las 11 de la mañana.

Están intranquilos por la capacidad que tendrá la matriz de albergar lo que hasta ayer funcionaba en el anexo. Marcelo Figueroa, apoderado y delegado del quinto año en el centro de padres, expuso a La Batalla el temor que tienen respecto de sus pupilos, “ya que serán redestinados a un solo sector del colegio en el que desconocemos si están las condiciones de baño, espacios físicos, patios, salas, jornadas, hábitat de los profesores”.

Además, señaló: “Existen pagos de mensualidades, las cuales nos aseguraban una buena infraestructura”.

Adolfo Villegas, uno de los socios de la sociedad sostenedora manifestó que: “Nosotros recién estamos asimilando la situación. Si hay alguien preocupado acá, tal como los apoderados, somos nosotros”.

Ve una solución, sin embargo, en que los cursos que funcionaban en el anexo sea trasladados a la matriz. “Allá habían tres cursos que se van a venir acá a la matriz, entonces van a terminar el año en las salas que tenemos acá. Contamos con la autorización municipal, es de nuestra propiedad, etcétera”.

Si bien estima que se requeriría una semana más para concluir con las negociaciones, ve difícil el acuerdo, puesto que, según dijo, el propietario:

“Pide que el resto del año pase a manos de ellos la administración del colegio, y eso es imposible. Lo otro que piden es levantar una promesa de compra que tenemos. Entonces, lo que yo supongo es que el doctor tiene un comprador de la propiedad, y quiere deshacerse de nosotros. A él no le importó dejar este desastre. Porque esto es un desastre. Usted entenderá que con esto lo más probable es que el colegio se vaya a quiebra”.

La abogada del propietario, Catherine Reyes, atribuyó la situación a la irresponsabilidad de los sostenedores, “quienes se negaron contumazmente a hacer entrega del inmueble de acuerdo a un avenimiento suscrito en septiembre del año pasado en virtud del cual se obligaron a restituir la propiedad el 31 de diciembre de 2013”.

Además, aseguró que:

“Previo al desalojo la sostenedora fue legalmente notificada en dos oportunidades a fin de que restituyera la propiedad de acuerdo a lo convenido”.

“Además personalmente les entregué copia de la denuncia que en su contra el 20 de mayo del corriente ante la Superintendencia de Educación presentamos. Básicamente porque el sostenedor había perdido un requisito legal para impetrar el pago de la subvención por los aproximadamente 90 niños que se formaban en este inmueble y la segura ignorancia de los padres al respecto”.

Desde la superintendencia aseguraron a La Batalla que:

“El caso efectivamente está en conocimiento nuestro y se está investigando”.

La abogada Reyes anunció que se querellarán contra los responsables por fraude al fisco y estafa, “donde las víctimas son los apoderados”.

[Imagen gentileza de Marcelo Figueroa].