El martes 03 de febrero de 2015, el ciclista Antonio Zúñiga murió arrollado por un automóvil en Camino a Melipilla con Leopoldo Infante, cuando se dirigía al trabajo.
Seis meses después, su hija Flor Zúñiga refirió a La Batalla una conversación que sostuvo con una amiga de la conductora de dicho automóvil:
“Dijo que la señora estaba muy arrepentida de lo que había hecho. Y que si ella pudiera volver el tiempo atrás, lo haría”.
“¿Y USTED CREE QUE YO NO LO HARÍA?”, dijo Flor.
Asimismo, señaló que la conductora “se convirtió al señor”, y que todos los días se arrepentía de lo que hizo.
“A mí me gustaría mandarle el protocolo de la autopsia que me entregó la fiscalía, y que ella lo leyera todos los días”, respondió Flor: “Como la profesión de ella es técnico paramédico, para que vea en las condiciones en que por responsabilidad de ella quedó el cuerpo de mi papá”.
Tras su detención, a la conductora le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva.
En audiencia del 05 de agosto, su defensa pidió cambiar la prisión preventiva por el arresto domiciliario total. Cuestión a la que se opuso tanto el Ministerio Público, como la municipalidad de Maipú, cuyos abogados presentaron una querella el pasado 27 de julio.
El abogado de la unidad de defensoría ciudadana del municipio, Jaime Urrutia, explicó:
“El motivo principal de nuestra postura fue, uno, el peligro de fuga, atendidas las altas penas que se van a pedir. Y se fundamentó en que ella, en el mismo lugar, se dio a la fuga… O sea, ¿por qué no fugarse ahora? Y, lo otro, esta parte señaló que era un peligro para la sociedad, toda vez que ella hace veinte años conducía sin licencia de conducir. Es más, en la historia de vida del conductor, aparece que ella tuvo cuatro intentos de solicitar licencia, y cuatro rechazos a su vez. Ella nunca tuvo licencia, condujo -según sus propios dichos- veinte años sin licencia”.
Finalmente:
“La imputada mantiene la prisión preventiva, ya lleva seis meses en prisión preventiva, y mantiene la prisión hasta el juicio oral“.
A su vez, el Ministerio Púbico presentó el cierre de la investigación, de modo que tanto aquel como la municipalidad tienen esta semana para presentar acusación.
Luego, se iniciaría la preparación del julio oral.
A juicio del abogado Urrutia, la vigencia de la Ley Emilia “en este caso es súper importante, porque si no hubiese estado la Ley Emilia, estaría en libertad, y solamente peleando un cuasidelito de homicidio, con un tope máximo de tres años. Y con la irreprochable conducta anterior, estaría en libertad, y con ninguna posibilidad de pagar lo que hizo con alguna pena aflictiva”.
“En este caso, al aplicar la ley Emilia, ya estamos con dos delitos: uno que es conducir en estado de ebriedad, y el otro darse a la fuga del lugar, con penas de siete años de cárcel efectiva, en la suma que vamos a pedir nosotros, aproximadamente”.
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