El abogado Rodrigo Ávila, defensor del alcalde de Maipú, Christian Vittori, en la audiencia de formalización por el “Caso de la basura”, no solo se opuso categóricamente a la solicitud de medida cautelar de prisión preventiva, impetrada por el Ministerio Público, sino que a cualquiera otra:
“Porque no existe ninguna posibilidad de que los hechos hayan ocurrido en la forma como el Ministerio Público lo ha planteado”.
El defensor se hizo cargo, durante la novena jornada, de los hechos en que se basó la fiscalía para formular sus imputaciones con relación a los delitos funcionarios.
A Christian Vittori y otras personas les han sido imputados por el Ministerio Público (Fiscalía) cargos por delitos de malversación de caudales públicos, por la contratación a honorarios de aquel en la municipalidad de Cerro Navia, entre 2010 y 2011, por más de 14 millones, por servicios que no se habrían realizado.
Ávila dijo que dichos servicios sí se prestaron. Y fundó ese aserto en certificados emanados del director del departamento municipal respectivo, y en archivos personales del propio Vittori.
Asimismo, hizo referencia al extenso currículum de su defendido en la materia propia del servicio.
Por otra parte, el abogado controvirtió la imputación por el artículo 234 del Código Penal (“El empleado público que, por abandono o negligencia inexcusables, diere ocasión a que se efectúe por otra persona la substracción de caudales o efectos públicos o de particulares…”), aduciendo que no se daría el presupuesto exigido por el artículo anterior (“Artículo 233.- El empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, los substrajere o consintiere que otro los substraiga…), puesto que Vittori no tenía a su cargo la custodia de los fondos públicos de la municipalidad.
Vittori fue asimismo formalizado por delitos de malversación de caudales públicos, por haber supuestamente consentido en su calidad de alcalde de Maipú, en la sustracción de 19 millones de pesos por parte de Marcela Valdés, al suscribir un contrato por servicios a honorarios que no se prestaron.
De un lado, Ávila adujo que no fue Christian Vittori quien intervino ni pidió la contratación de Valdés, sino otros funcionarios, en virtud de la delegación de funciones.
De otro, introdujo un pre informe de la Contraloría General de la República, organismo que teniendo a la vista los antecedentes referidos a Valdés, no hizo reparo alguno.
Finalmente mencionó un certificado médico presentado recientemente por Valdés, indicando que mal podría alguien que no presta servicios preocuparse de realizar este trámite.
Finalmente, el Ministerio Público imputó cargos de cohecho a Christian Vittori y soborno a Pedro Acevedo, director de las empresas Don Óscar, por la supuesta gestión del concejal y futuro alcalde, para favorecer a esta empresa en la licitación por la mantención y mejoramiento de estructuras deportivas. Por ello, según la Fiscalía, Vittori recibió un beneficio que se tradujo en una camioneta de 18 millones inscrita a nombre de su esposa.
“Acá ya se me cayó todo el derecho penal –dijo el abogado de Vittori en su defensa-, porque la verdad es que esto ya no tiene nombre”.
Ávila llamó la atención acerca de lo distante de la fecha en la que Vittori, como concejal, concurrió con su voto a la adjudicación de la licitación -marzo de 2012-, con la que, como alcalde, habría supuestamente recibido el pago del cohecho (la camioneta) -noviembre de 2013.
En el delito de cohecho, indicó el abogado, debe existir un vínculo causal entre el beneficio solicitado o aceptado recibir, y la omisión de deberes propios de su cargo o la actuación con infracción a los deberes funcionarios.
El defensor consignó que a la licitación en comento concurrieron dos empresas, siendo la oferta de Don Óscar la más barata.
“Curiosamente –alertó- en esta votación no está el jefe de la organización criminal, no está Torres. ¿Qué pasó acá? ¿Se nos desarmó la organización criminal? Si la organización criminal dura hasta el día de hoy, entiendo yo…”.
Recordar que la Fiscalía entiende que existe una organización criminal liderada por el actual concejal por Maipú,y funcionario de Cerro Navia, Marcelo Torres (RN).
Asimismo, Ávila hizo notar que en la mecionada votación no estaba presente la actual concejala Carol Bortnick (PPD), formalizada también en esta causa.
Finalmente, el abogado hizo una relación de multas, partes y una denuncia, entre otras acciones, impetradas por la municipalidad, siendo Christian Vittori alcalde, en contra de las empresas Don Óscar.
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