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El cambio en la conducción y liderazgo de la segunda etapa de trabajo de la Convención Constituyente, nos hizo volver la mirada hacia este grupo tan representativo de convencionales que cumplían con un proceso interno de elección, y que la voracidad mediática transformó en un espectáculo en vivo y en directo a pesar que lo importante que va perdurar por muchas décadas, será el nuevo orden de la Constitución política del Estado que los y las constituyentes le propongan al país en seis meses, para que el soberano apruebe o rechace.
Chile, desde la batalla de Lircay el 17 de abril de 1830, desenlace de la guerra civil iniciada en 1829, desde Portales, desde la Constitución del 1833, desde la revolución de 1891 que derrocó al presidente Balmaceda, desde la Constitución de 1925 que inaugura el presidencialismo con apoyo de partidos, desde el golpe de Estado de 1973, que es la antesala de un nuevo orden en una primera fase brutalmente militar y en su segunda fase de una larga transición que termina exhausta y fenece sin haber conseguido sus objetivos fundamentales, después de ese largo período en que la característica principal es un orden institucional encabezado por un presidente con poderes equivalentes al César, da cuenta de los viejos intereses de la oligarquía agraria, de la vieja oligarquía minera y financiera y de los nuevos poderosos nacidos al amparo de la constitución d 1980, con la apropiación de los bienes del estado o con el traspaso de los bienes del Estado al sector privado.
La Asamblea Constituyente está llamada a poner término no a 30 años, no a la constitución del 80, sino poner término a doscientos años de cesarismo presidencial y de control sin contrapeso de las oligarquías de la economía, de la educación, del parlamento, del ejecutivo y del sistema judicial. Y pavimentar el camino de un sistema político económico y social en el que todos tengan voz y en el que todos tengan voto, y donde nadie usurpe los bienes del otro y mucho menos se quede con los bienes que pertenecen a todos los chilenos.
Seis meses quedan por delante, para concluir el trabajo encomendado a los constituyentes. ¿Qué se ha dicho? ¿Dónde estamos?. Se ha dicho que seis meses son suficientes y que eso tiene un alto costo, porque apenas se alcanzará a escuchar a un 15% de las personas que en el país han pedido la palabra por sí o a través de su pertenencia a alguna organización, para expresar su sentir, y que ciertamente no es facultad de la constituyente extender el período para escuchar a más personas y organizaciones, y por otro lado frente a la incertidumbre que puede generar un plazo tan acotado y la necesidad de extenderlo se dice claramente que esta decisión corresponde al parlamento. La responsabilidad de la constituyente es de proporciones descomunales, nada menos que proponer al país un orden institucional, político, económico, social, en un contexto cultural diverso, inclusivo, de libre circulación de las ideas, en un nuevo orden que termine definitivamente con los viejos principios Portalianos, y el uso y abuso del cesarismo presidencial a lo largo de nuestra historia-
¿Lo conseguirán?
Todo está en disputa, en los próximos seis meses, en las salas de reuniones, en el trabajo de comisiones, en la redacción del nuevo texto constitucional, cada palabra, cada párrafo, cada punto, va a ser disputado y lo será con vehemencia, a veces con arrebato, y donde se espera haya la conciencia final de pensar en un país mejor para todos.
Todo está en juego, en un tiempo muy corto para escribir las páginas de una nueva historia, que, de ser aprobada, pondrá fin a un ciclo de forma natural, para ver nacer algo nuevo.
