Tiempo de lectura: 2 minutosEl jueves 27 de agosto de 2015, concluyó la audiencia de formalización de la investigación por el llamado “Caso Basura”, en que se formularon cargos a 17 personas por haber realizado supuestamente gestiones para favorecer a empresas en licitaciones de los municipios de Cerro Navia y Maipú, entre otros actos de corrupción.
La formalización de la investigación es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado, en presencia del Juez de Garantía, de que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados.
Asimismo, se resolvieron las medidas cautelares respectos de los imputados, solicitadas por el Ministerio Público y los querellantes.
Las medidas cautelares son medidas restrictivas o privativas de la libertad personal -medidas cautelares personales-, o de disposición patrimonial del imputado -medidas cautelares civiles-, que decreta el tribunal a solicitud de parte interesada.
En el segundo día de la audiencia de formalización, el tribunal decretó las primeras medidas cautelares, previo acuerdo con el Ministerio Público (Fiscalía), y con la anuencia de los querellantes, respecto de algunos de los imputados.
Las discusión de las medidas cautelares más gravosas se extendió por dieciséis jornadas.
Finalmente, el jueves 27 de agosto, el magistrado Juan Carlos Silva leyó la resolución:
Respecto de los imputados Luis Riquelme, Pamela Riquelme, Carlos Richter y Óscar Lantadilla, el tribunal decretó firma mensual; respecto de los imputados Marcelo Torres, Luis Plaza, Christian Vittori, Marcela Morales y Lorenzo Pérez, firma semanal y arraigo nacional.
El artículo 122 del Código Procesal Penal chileno establece que:
“Las medidas cautelares personales sólo serán impuestas cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar la realización de los fines del procedimiento y sólo durarán mientras subsistiere la necesidad de su aplicación”.
En lo sucesivo, deberán llevarse a cabo las diligencias de la investigación, para las que el magistrado fijó un plazo de ocho meses, dirigidas por el Ministerio Público, tendentes a aclarar los hechos.
Deja una respuesta