Tiempo de lectura: 2 minutosEn horas de la tarde del jueves 26 de mayo se efectuó en el Centro de Justicia de Santiago el control de detención y posterior formalización de la investigación respecto de Bladimir Muñoz y Josué Mayorga, ambos funcionarios de Carabineros, ahora dados de baja, por existir antecedentes que permiten presumir fundadamente su participación en hechos constitutivos del delito de robo con intimidación.
Dichos antecedentes dan cuenta de una víctima que denuncia haber sido interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta, mientras caminaba por Luis Gandarillas, en la comuna de Maipú, a eso de la una de la madrugada del miércoles 25 de mayo, indicándosele que entregara sus cosas y que no gritara.
En la audiencia se leyeron una serie de declaraciones que apuntan a una fiesta celebrada esa noche en la casa donde se guarda la mencionada motocicleta, y que es habitada por varios carabineros, entre ellos los dos imputados.
Posteriormente se leyó la declaración de uno de estos, en la que se auto incrimina, reconociendo todas las circunstancias del hecho denunciado por la víctima, de manera coincidente con lo expresado por esta, atribuyéndole participación en el ilícito a su compañero, con el que habría salido en medio de la celebración en la motocicleta, perteneciente a otro funcionario.
La defensora penal pública, Patricia Rodríguez, cuestionó la validez de esta declaración, en tanto no se le habría indicado previamente a quien se le tomó cuáles eran sus derechos, ni explicado la posibilidad que tenía de guardar silencio y no auto incriminarse.
“Estas alegaciones podrían tener mucha relevancia —discurrió a su turno la jueza, Carolina Cerna—, si estuviéramos frente a personas civiles. Los imputados son dos funcionarios de Carabineros, que por su función saben perfectamente cuáles son los derechos que asisten a una persona que es implicada en un delito, porque ellos tienen la función muchas veces de comunicarlo a quienes toman detenidos”.
El tribunal decretó prisión preventiva respecto de Muñoz, y arresto domiciliario nocturno en el caso de Mayorga. Sin embargo el Ministerio Público apeló respecto de esto último, habiendo solicitado la medida cautelar de prisión preventiva para ambos.
De modo que, mientras no se resuelva la apelación por la corte (tiene un plazo de 24 horas), ambos ex funcionarios de Carabineros permanecerán recluidos.
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